Resolver las dificultades económicas que implica para las organizaciones campesinas la asistencia a diversas instancias de diálogo y opinión a las que sean convocadas por INDAP es el objetivo del Programa de Incentivo para la Participación Ciudadana que acaba de firmar el director nacional de esta institución, Octavio Sotomayor.
La medida busca facilitar la participación en citas con autoridades y técnicos del servicio en el marco de programas como el PDTI (Desarrollo Territorial Indígena) o Prodesal, consejos asesores institucionales de Área y Regional (CADA y CAR), o mesas de jóvenes o mujeres.
Juan Guido Vidal, jefe del Departamento de Organizaciones de INDAP, enfatiza que en estos y otros casos “lo que ocurre es que la institución les genera un gasto a los dirigentes que asisten a estas instancias, por lo tanto se ha diseñado este instrumento que lo que busca es hacer un aporte en recursos que haga factible la participación de las organizaciones y los grupos”.
El encargado destaca que INDAP en esta administración ha hecho una apuesta importante en cuanto a la relación público – privada, entre los funcionarios y las representaciones campesinas, por lo cual, apunta, “necesitamos generar apoyo para que ellas puedan ocupar esos espacios de participación”.
El documento firmado por el director nacional establece además un detallado mecanismo que regula el procedimiento pone límites en montos y plazos, ordena el modo de solicitarlo, obliga programaciones y autorizaciones de jefaturas regionales, fija un mecanismo para la entrega y la rendición de los recursos, y eventuales sanciones por mal uso.
Con este ordenamiento se mejora también la gestión de los presupuestos institucionales para estos fines y la evaluación de sus resultados. Así, comenta Vidal, “cada día que la institución hace un aporte o un incentivo lo hace sobre una actividad que es medible, que es cuantificable y en algún momento podemos definir cuáles son los impactos que se van generando en ellas”.
La Resolución Exenta firmada considera como base la Ley 20.500 sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública que establece que los órganos del Estado deben garantizar espacios y mecanismos institucionalizados por los cuales las personas, participen en el diseño, formulación, ejecución y evaluación de las políticas públicas. Está en línea además con la idea del fortalecimiento de la representación campesina contenido en la Ley 18.910 Orgánica de INDAP.
Fuente, Prensa INDAP
Comentarios
Publicar un comentario